Bolsonaro privatizó la mayor red de autopistas del país por 30 años
El gobierno brasileño adjudicó este miércoles por 30 años, la ampliación, operación y mantenimiento, de un lote de autopistas en el estado de Sao Paulo, al fondo de inversiones Patria, a través de su consorcio Infraestrutura Brasil.
El consorcio ofreció por los derechos 1.100 millones de reales (unos 275 millones de dólares), un 7.200 % más que el mínimo de 15 millones de reales (alrededor de 3,7 millones de dólares) exigidos por el gobierno regional de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil, con 44 millones de habitantes.
En una subasta desarrollada en la Bolsa de Valores de San Pablo (BOVESPA), Infraestrutura Brasil dobló la propuesta presentada por Ecorodovias, única rival en la disputa y que ofreció 527 millones de reales (131,7 millones de dólares), un 3.400 % más que el mínimo fijado.
La brasileña Arteris, filial de la española Abertis, por su parte, no entró en la pugna, pese que era considerada por los especialistas como una de las favoritas para ganar la subasta, la primera de 2020 en Brasil.
El consorcio vencedor administrará ahora el lote de autopistas durante los próximos 30 años y deberá realizar inversiones por valor de 14.000 millones de reales (unos 3.500 millones de dólares) para la mejora de las carreteras.
El lote posee una longitud total de 1.273 kilómetros que se distribuyen a lo largo de 62 municipios en el estado de Sao Paulo, desde la ciudad de Piracicaba hasta el extremo oeste del estado, en el límite con el estado de Mato Grosso do Sul.
De acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, el kilometraje medio de las concesiones en Brasil es de 486,2 kilómetros, frente a los 1.273 kilómetros del lote Piracicaba-Panorama.
Infraestrutura Brasil, que podría iniciar las operaciones en el primer semestre de este año, se hará cargo de las obras de ampliación y duplicación en cerca de 600 kilómetros de carreteras.
Según afirmó el ministro de Infraestructura de Brasil, Tarcicio Freitas, otras 100 compañías estatales podrían ser privatizadas, entre los que ingresarían aeropuertos, puertos y ferrocarriles.
