El sindicalismo le reclama al Gobierno unos $15 mil millones del sistema de obras sociales

Unos 15.000 millones de pesos es la deuda que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), mantiene con las obras sociales sindicales. Los principales gremios ya presionan al gobierno de Alberto Fernández para cobrar parte de ese dinero, imprescindible para el normal funcionamiento del sistema de salud a cargo del sindicalismo. El sistema está desfinanciado, en desequilibrio, advierten los dirigentes gremiales. Y sobreviven a cuesta de “patear hacia adelante” el pago a los proveedores y con fuertes aportes desde la recaudación sindical.

El origen de la multimillonaria deuda son los reintegros por tratamientos de alta complejidad, cuyas prestaciones ya fueron pagadas por las obras sociales, aunque éstas no recibieron la devolución del dinero que proviene del Fondo Solidario de Redistribución (que se nutre de aportes de trabajadores y de contribuciones patronales) y que es administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

El FSR no compensa cualquier cobertura que realicen las obras sociales a sus afiliados. Sí cubre, por ejemplo, tratamientos médicos de alta complejidad como trasplantes y medicamentos. También diálisis, hemodinamia, enfermedades como cáncer, hemofilia, atrofia muscular espinal, discapacidad y todo lo que involucre a las nuevas tecnologías de alto costo. Como se ve, para casos graves, extremos.

El ministro de Salud, Ginés González García, ya recibió el pedido formal de Armando Cavalieri, el titular del sindicato de los empleados de comercio, que tienen en OSECAC a la obra social sindical con mayor cantidad de afiliados.

El reclamo tiene un fundamento de peso: el Fondo Solidario de Redistribución le adeuda a OSECAC, según le informaron a González García y con documentación en mano, 3.500 millones de pesos en concepto de prestaciones ya realizadas.

En el encuentro, el líder sindical le informó al ministro que la Superintendencia le adeuda fondos desde el año 2017 y que han sido presentadas y aprobadas por Sistema Único de Reintegro (SUR).

Según explicaron varios “Gordos” de la CGT, casi todas las obras sociales sindicales han sido perjudicadas porque los distintos gobiernos inmovilizan ese fondo quizás para mantener alineados políticamente a los sindicalistas a cambio de la promesa de liberar los fondos. Sin ir más lejos, durante el kirchnerismo la deuda con las obras sociales llegó a la friolera de unos 30 mil millones de pesos.

Después de una larga negociación con los gremios, el gobierno de Mauricio Macri anunció con bombos y platillos que esa suma sería devuelta a los gremios en una especie de “reparación histórica” a las obras sociales. Sin embargo, de manera contante y sonante, poco ingresó de manera efectiva a las arcas sindicales. Aunque, es verdad, al menos el dinero no se perdió.

A través del decreto 908/16, Macri dispuso “la afectación, por única vez, de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución, $ 8.000.000.000, con destino a la financiación de la estrategia de la Cobertura Universal de Salud (CUS)». Las obras realizadas con ese dinero no fueron firmadas por la CGT, que tenía un integrante en el comité de seguimiento de afectación de esos fondos.

Otros $4.500.000.000 tuvieron como destino la conformación del Fondo de Emergencia y Asistencia, y otros $14.267.913.875 -un monto similar a la deuda actual- fueron utilizados para la compra de Bonos de la Nación Argentina en pesos 2020. Hasta hoy, esos papeles generan intereses que, según explicaron ex funcionarios a Infobae, permitieron que se abonara una parte de la deuda. Según los sindicalistas consultados por Infobae, sólo un bajo porcentaje de esos intereses fueron aplicados a las obras sociales.

Para que se comprenda la gravedad de la situación, el Fondo Solidario de Redistribución es alimentado con el aporte de todos los trabajadores en relación de dependencia y de las contribuciones patronales. Es decir que el dinero no sale de las arcas del Estado.

Como la masa salarial no es constante, sino que varía mes a mes, el ingreso de dinero tampoco lo es.

Pero para tener una aproximación, en los últimos tiempos al Fondo ingresaron entre 3.200 y 3.800 millones de pesos mensuales.

Si el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia, pagara regularmente lo que le corresponde por ley a cada obra social, el dinero igual no alcanzaría ya que la erogación es mayor a lo que ingresa.

Un ejemplo puede servir para comprender la situación: por las 13 prestaciones nomencladas por discapacidad, el Fondo destina a las obras sociales cerca de $1.300 millones, es decir casi la mitad.

El médico Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y vinculado con el sindicalista de Obras Sanitarias José Luis Lingeri, le explicó a Infobae que “las obras sociales ocupan un lugar central en el sistema de salud de la Argentina”, ya que, junto con las obras sociales nacionales y provinciales, el PAMI y otras, junto al millón de afiliados de las prepagas, representan el 70% de la población que tiene algún tipo de cobertura; el resto se atiende en el sector público».

“La crisis no sólo es financiera por la dilación en el pago por parte del Fondo de Redistribución, sino principalmente económica: lo que se recauda no alcanza justamente por los aportes insuficientes de los dos millones de monotributistas, el de los 350 mil jubilados que se atienden en las obras sociales y el elevado precio de las nuevas tecnologías».

Las obras sociales se financian principalmente con los aportes de los trabajadores y empleadores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un 3% de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro 5 por ciento.

De ese total, entre un 80% y un 85% (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15% o 20% va al Fondo Solidario de Redistribución. Es este el dinero que no se les da a las obras sociales cuando reclaman sus deudas.

Así como a OSECAC se le deben 3.500 millones de pesos, a Construir Salud (UOCRA) se le adeudan 250 millones; a OSUTHGRA (Gastronómicos) 150 millones; a Unión Personal (UPCN) 500 millones, y a Utedyc, 250 millones. A la Obra Social de Servicios Sociales Bancarios (del sindicato bancario), la Superintendencia le debe $100.609.550 por legajos por recupero presentados, pero aún no analizados; $42.419.090, ya analizados y pendientes de cobro, y otros $4.659.636 por discapacidad.

La demora por parte de las autoridades de la Superintendencia en analizar los expedientes es, a juicio de los sindicalistas, otra manera de retrasar «de manera injustificada” los pagos. Hay carpetas médicas por prestaciones o entrega de medicamentos ya realizadas de hace más de dos años.

Los gobiernos -no importa el signo político- suelen girar de manera discrecional parte de esta deuda, según la afinidad partidaria o presuntos acuerdos con determinados sindicatos o secretarios generales.

Por ejemplo, algunos líderes gremiales recuerdan que eso sucedía, por ejemplo, con Camioneros, cuyo referente es Hugo Moyano, cuando Néstor Kirchner era el presidente de la Nación. Y que lo mismo habría ocurrido con la obra social del gremio de trabajadores rurales (UATRE) durante el anterior gobierno ya que su titular, el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, estaba alineado con Macri.

Líderes sindicales de relevancia describen advierten que, al menos de hace años a esta parte, no es cierto que los fondos que se les debe girar a las obras sociales son “la gran caja” de los gremialistas ya que deben cubrir el desfinanciamiento del sistema con dinero de la propia recaudación gremial.