Los empresarios de biocombustibles piden reunirse con el gobierno para evitar el agravamiento de la crisis

Desde hace más de 10 años, los biocombustibles se convirtieron en una política de Estado Nacional y Federal, que tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad ambiental, desarrollo de las economías regionales, industrialización de la producción primaria en origen, diversificación de la matriz energética y sustitución de importaciones. Por otro lado, constituyen el último eslabón en la cadena de agregado de valor de la soja, el maíz y azúcar.

Además, es un sector que permitió evitar importaciones por 27 mil millones de dólares y tiene su desarrollo a través de 54 plantas instaladas en 10 provincias (Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta). Asimismo, genera más de 60.000 fuentes de trabajo de manera directa e indirecta.

En los último días, la Liga Bioenergética está alertando sobre la complicada situación por la que atraviesa el sector. El año pasado, se cerraron empresas, otras están actualmente en convocatoria de acreedores, se perdieron más de 3.000 puestos y algunas plantas paralizaron su actividad debido a que el precio que se percibe no logra cubrir el costo de la materia prima.

Al respecto, los integrantes de la Liga explicaron: “Entre 2018 y 2019 la política en biocombustibles ha sido errática, con nulo control de la aplicación de la Ley y un marcado desinterés oficial respecto al tema.Todo eso, sumado a las indefiniciones actuales respecto a los precios regulados, dan forma a la tormenta perfecta para las industrias del sector”.

La principal problemática que tiene la industria de los biocombustibles es que está regulada por el Estado en lo que se refiere a la determinación de los precios, en función del marco regulatorio vigente, considerando costos de la industria del mes anterior.