Lázaro Báez más cerca de la libertad
La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy un fallo que rechazaba excarcelar o conceder prisión domiciliaria al detenido empresario Lázaro Báez y ordenó al Tribunal Oral que lo juzga volver a resolver sobre el planteo de su defensa. Para salir en libertad, debería pagar una fianza millonaria.
La decisión del máximo tribunal penal federal del país se tomó porque el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4, Abel Córdoba, parte acusadora en juicios por presunto lavado de dinero contra el dueño de «Austral Construcciones», aceptó el planteo de su defensa en lo vinculado a otorgar a Báez la excarcelación o prisión domiciliaria y pese a ello los jueces habían rechado el pedido.
Crónica tuvo acceso al fallo de los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes en su dictamen mencionaron parte de lo planteado anteriormente en la causa: «Por tanto, concluyó que la consideración conjunta de los plazos de detención del imputado Lázaro Antonio Báez, por el grado de afectación de los derechos individuales que implica, eclipsa de manera irreparable cualquier intento del Estado de fundar la continuidad de su encierro carcelario, más allá incluso de la vigencia indudable de cierto riesgo procesal, concreto y actual”, pues … [D]e otro modo, se habilitaría la detención preventiva de personas por lapsos de tiempo indeterminados, al margen de los plazos expresos de la ley que rige la prisión preventiva y en abierta vulneración a los principios de proporcionalidad, necesidad razonabilidad y excepcionalidad que rigen la medida”.
Luego, en el mismo texto, se detalla: «Estimó viable y necesaria la aplicación de lo previsto en el inciso I del artículo 210 CPPF, esto es, disponer la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física, con expresa prohibición de alejarse sin autorización del radio de 100 kms del tribunal … [advirtiendo] también imprescindible la fijación de una caución real adecuada (art. 210 inc H CPPF), la que se deberá ser fijada en el equivalente en pesos a 5.500.000 de dólares”.
Carbajo y Borinsky anularon el rechazo a la excarcelación firmado por el Tribunal y le ordenaron volver a resolver «con razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen fiscal» que avaló la morigeración de la prisión preventiva de Báez porque, caso contrario, al no haber oposición de la parte acusadora, debería hacerse lugar a la petición.
Además, los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), «no se hizo presente» a la audiencia fijada para debatir la cuestión.
