La Justicia apura el juicio contra Lázaro Báez

El juicio oral contra Lázaro Báez y sus hijos entró esta semana en la recta final, con los alegatos de las defensas. El primer turno fue para el empresario que fue socio de los Kirchner. Con un tono casi político, sus abogados desparramaron críticas contra jueces, fiscales y medios. Solo llamó la atención una mención a la vicepresidente Cristina Kirchner, que siempre se mostró distante de la suerte de Báez. “Se buscó involucrar a la ex presidenta”, dijo el abogado el empresario.

En las próximas semanas desfilarán por el juicio unos veinte defensores en representación de los 27 imputados. Si no hay sorpresas, y se mantienen las dos audiencias semanales, los alegatos terminarán recién en octubre, cuando se cumplirán dos años de debate. “A este ritmo, en noviembre estaríamos resolviendo los últimos planteos y luego habrá tiempo para las últimas palabras”, dijo una fuente judicial consultada por Infobae. El gran objetivo es llegar con la sentencia antes de fin de año.

El alegato de la defensa de Báez buscó desprestigiar a Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. El abogado Juan Martín Villanueva lo tildó como un “mentiroso compulsivo” y leyó varios segmentos de la causa de Dolores, donde Fariña nunca fue citado a declarar.

Los abogados también insistieron con supuesta influencia de los servicios de inteligencia en el desarrollo de la causa judicial. “Fue una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”, lanzó la abogada Elizabeth Gasaro.

El alegato estuvo plagado de referencias políticas aunque hasta ahora todos los guiños del empresario al kirchnerismo no tuvieron ningún efecto. “No hay ningún funcionario imputado mal que le pese a muchos”, se quejó el abogado de Báez.

Los abogados tendrán una audiencia más para terminar con su exposición. Luego seguirán los defensores de Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Leonardo Fariña, los hijos de Báez, y el resto de los imputados.

Todas las partes que siguieron el desarrollo del juicio, a excepción de sus defensores, coinciden que Báez se encamina a una condena alta por la “ruta del dinero K”. El fiscal Abel Córdoba pidió una pena de 12 años y dijo que la maniobra de lavado, que incluye al resto de los imputados, llegó a totalizar la suma de USD 54.872.875.

Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años la AFIP, cuyo alegato estuvo al borde de un escándalo.

Con la condena, la Justicia podría ordenar una catarata de decomisos para que la fortuna del empresario, obtenida de la manera ilícita, pueda volver al Estado. Son decenas de propiedades, estancias, autos y maquinaria. También la Justicia podría recuperar el dinero depositado en el exterior. En su alegato, el fiscal identificó cuentas en Bahamas, Suiza, Dubai y una isla caribeña denominada “San Vicente y Las Granadinas”.

¿Si el dinero vuelva al Estado lo recupera la sociedad? Hasta ahora los dos aviones de Báez no fueron vendidos. Por el paso del tiempo, uno casi no tiene valor. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) también debe vender las propiedades decomisadas en la causa de los cuadernos. Pero los tiempos se alargan. Es más, la mayoría de esos bienes ni siquiera fueron tasados, pudo saber este medio.

La Justicia federal ordenó los decomisos, le entregó los bienes a la AABE y ahora no tiene herramientas para acelerar los tiempos.

Báez lleva más de cuatro años y cuatro meses detenido en la cárcel de Ezeiza. El 8 de julio, un fallo de la Cámara de Casación lo dejó a un paso de la libertad, pero sus chances se fueron diluyendo con el paso del tiempo. Ni la pandemia del coronavirus lo ayudó a salir de la prisión.

Esta semana, el Tribunal Oral Federal 4 otra vez le negó el beneficio de la libertad domiciliaria pese a otro fallo favorable de la Casación.

El tribunal oral, con una composición diferente a la que lleva adelante el juicio oral, ratificó que Báez deberá pagar una fianza de más de $386 millones si se quiere ir a vivir a un country de Pilar, donde tiene una casa a nombre de la empresa Badial SA. Esa decisión terminó de dinamitar las últimas chances del empresario. Sus abogados dijeron varias veces que no puede pagar, ni siquiera ofreciendo un seguro de caución.

Con ese escenario, todo indica que Báez seguirá detenido hasta la condena.