La Cámara de Apelaciones habilitó las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires
La resolución ordenó al Gobierno porteño a mantener las escuelas abiertas a partir del lunes.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se expidió este domingo de forma unánime a favor de los amparos presentados por dos organizaciones civiles para que haya clases presenciales en el distrito porteño. De esta forma, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está obligado a mantener las escuelas abiertas a partir del lunes. El Poder Ejecutivo nacional no puede recusar, por no formar parte del caso. La decisión alcanza a 2359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos.
La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, integrada por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli.
En el escrito, argumentaron que en el caso se encuentra “seriamente comprometido el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y el acceso a una tutela judicial efectiva, lo que implica brindar a las partes y a la sociedad una decisión en tiempo útil que responda sus planteos”.
Sostuvieron, además, que el artículo N°2 del DNU “vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”. En consecuencia, el tribunal resolvió “hacer lugar a la queja interpuesta y admitir el recurso de apelación”.
El conflicto comenzó tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación que estableció la obligatoriedad de la educación virtual hasta el 30 de abril, como parte de una serie de restricciones para contener el impacto de la segunda ola de coronavirus en la Argentina.
Los planteos en contra de las restricciones los hicieron la ONG “Abramos las Escuelas” y la fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP). En los escritos, pidieron la nulidad de los alcances del DNU del presidente Alberto Fernández.
Inicialmente, el planteo entró al fuero contencioso administrativo. El juez Marcelo Segón consideró que no tenía que intervenir y pidió que se derivara a su colega Romina Tesone, quien se declaró incompetente para resolver sobre el amparo presentado por Defensorías Oficiales.
Entonces, se presentó un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones del Consumo. La Sala IV de turno corrió vista al Ministerio Público y la fiscal Karina Cichero se pronunció a favor de la continuidad de las clases presenciales.
