Nuevo impuesto

El proyecto de ley presentado este lunes por senadores del oficialismo ya provocó críticas de la oposición y un pedido de colaboración de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la Embajada de los Estados Unidos. Pero es el propio FMI que, en sus documentos sobre la economía argentina, desalienta este tipo de medidas que implican “amnistías” fiscales.

La iniciativa, de alguna forma, actúa como un blanqueo en términos prácticos al exigir la declaración de esos activos a cambio del pago de una multa. Esa vía elegida responde a las dificultades que tendría el Gobierno para formalizar esos fondos.

“En lugar de aprovechar el acuerdo con el FMI y generar políticas que atraigan inversiones y generen empleo, se lanza este proyecto que generará justamente lo contrario: menos inversiones y menos generación de empleo. El proyecto prevé que se puedan liberar de otros impuestos en determinadas condiciones como una suerte de blanqueo, algo que el propio Gobierno indicó que no iba a hacer en el acuerdo con el FMI”, señaló el tributarista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

“Apenas firmado el acuerdo, el Gobierno apoya un proyecto que si se convirtiera en Ley, estaría incumpliendo el mismo. Además, dado las dificultades que tiene el gobierno para conseguir los votos en la Cámara de Diputados, iniciaría el proyecto por la Cámara de Senadores. Esto sería inconsitucional porque este aporte es un impuesto y debería tener origen en la Cámara de Diputados”, advirtió el especialista.

“Si alguien evadió, ya existen mecanismos para determinar las obligaciones tributarias y exigirlas como así también el Gobierno cuenta con información proveniente del intercambio multilateral automático de información sobre cuentas financieras”, explicó Domínguez.

El bloque de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto para crear un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”, que será financiado con un nuevo “aporte especial de emergencia” a pagar por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco. Los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, un 20% de esos activos si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.

El proyecto incluso pedirá la colaboración del propio organismo multilateral para conseguir información sobre activos argentinos en el exterior u operaciones sospechosas de lavado de dinero. En ese sentido, el texto insta a solicitar al FMI “asistir a la República Argentina en las políticas nacionales e internacionales contra la evasión fiscal, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos”.

“Es un blanqueo, no encubierto. Es a todas luces un blanqueo porque permite declarar bienes no exteriorizados y pagar un impuesto del 20% al 35%. A mi entender, es algo inoportuno. Y además ya existe un intercambio de información con 110 países donde están Uruguay, Panamá, Suiza y las Islas Vírgenes, por ejemplo, que son países donde puede haber activos de argentinos. Excepto de los Estados Unidos”, indicó el tributarista César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.

“Para lograr este blanqueo aparece una figura muy polémica que es la del colaborador o delator. Esto puede generar situaciones de desconfianza, de extorsiones, que luego tienen un premio. Cuando la AFIP tiene una base de datos donde todos los años recibe información financiera de más de 100 países”, agregó Litvin.

Para el tributarista Iván Sasovsky, fundador y CEO de Expansión, el miedo es el principal motor del proyecto. “Los blanqueos del kirchnerismo nunca tuvieron la recaudación esperada, por eso el proyecto se basa en instalar el miedo. La redacción promueve premiar a quienes colaboren con hasta un 30% de la recaudado y el intercambio de información internacional. Si Estados Unidos no colabora, el proyecto nace muerto. Pero los intereses de cobrarle a la Argentina la deuda por parte de FMI pueden ser una llave sustancial para que este proyecto tenga algún efecto. Biden recurre a mecanismos similares, y está creando impuestos nunca antes vistos”, señaló.

El pago del impuesto es en dólares, algo sin precedentes, y se faculta a la AFIP a que designe vía embargo a realizar los pagos directamente por parte de los Agentes de recaudación a los Bancos Extranjeros.

No se diferencia el dinero proveniente del lavado de activos, ya sea por delitos de narcotráfico y o terrorismo, de aquellos patrimonios que se han obtenido de manera lícita y que pueden hasta haber tributado impuestos en su origen.

La letra chica del acuerdo con el FMI incluye una serie de cuestiones que atraviesan al sistema impositivo. Según habían asegurado fuentes oficiales tras conocerse el primer entendimiento, a fines de enero, no formó parte de la discusión con el staff del Fondo el esquema tributario propiamente dicho, sino distintas iniciativas para mejorar la “administración tributaria”.

“En la medida en que las condiciones lo permitan, proseguiremos con nuestros esfuerzos para mejorar la eficiencia del sistema tributario, por ejemplo, reduciendo aún más los impuestos sobre ciertas exportaciones de valor agregado, y evitando aplicar nuevos impuestos a las transacciones financieras que afecten los ahorros domésticos o las inversiones productivas. Seguirán siendo necesarios los planes de pago de impuestos, pero se evitarán amnistías fiscales que puedan deteriorar el cumplimiento tributario”, menciona el memorando de políticas económicas.

De acuerdo a estimaciones citadas en el Staff Report dado a conocer por el equipo del FMI el viernes pasado tras la aprobación del acuerdo en el directorio del organismo, habría unos USD 370.000 millones en activos de ciudadanos argentinos en el extranjero. Además, en ese informe dedicó algunos párrafos a la cuestión tributaria, que dejan saber qué piensa el Fondo al respecto.

En ese sentido, el FMI consideró que las tasas del sistema tributario ya son altas. “Dadas las tasas impositivas legales ya altas, los esfuerzos de movilización de ingresos se centrarán en mejorar la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento del sistema tributario”, mencionó el organismo. “Será necesario evitar las amnistías fiscales y la intensificación de formas distorsionantes de tributación, como el impuesto a las transacciones financieras, ya que socavan el cumplimiento y la eficiencia general del sistema”, explicó el staff técnico.

Más allá de eso, en otro tramo del reporte, el equipo técnico asegura que necesitará “una mayor previsibilidad de las políticas, y por ende un consenso sobre el modelo de desarrollo del país” como condición para “promover la inversión y atraer la gran riqueza de los argentinos en el exterior”, mencionó el FMI. En ese sentido, también nombró como un factor relevante el diseño de las medidas macroprudenciales que deberían reemplazar al cepo cambiario.

En ese aspecto, el Fondo consideró que “la carga fiscal de Argentina se encuentra entre las más altas en relación con sus pares regionales y de mercados emergentes, con una gran dependencia de los impuestos indirectos”. El Fondo Monetario además dijo que el sistema tributario argentino sufre distintas “debilidades estructurales”. “El sistema cuenta con más de 165 impuestos diferentes, muchos de los cuales se caracterizan por una gran dispersión de tasas y por regímenes especiales de asignación. Los cambios en la política fiscal son frecuentes, lo que aumenta los costos de cumplimiento”, cuestionó.

“Los ingresos por impuestos sobre la renta del trabajo, bienes inmuebles son bajos en comparación con sus pares. La recaudación de Ganancias tiene un rendimiento inferior, lo que refleja un umbral de ingreso mínimo alto (solo el 12 por ciento superior de los trabajadores formales paga Ganancias) y una alta informalidad. Los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria son más bajos que los promedios regionales y de la OCDE, lo que refleja en parte valoraciones obsoletas”, continuó.

También criticó la dependencia de impuestos considerados “menos eficientes”, entre los que nombró el impuesto al cheque, el impuesto provincial sobre los ingresos brutos y los aranceles a la exportación ya que, afirmó el FMI, “afectan la competitividad”. De todas formas, entre sus conclusiones, el FMI no descarta que como medida el Gobierno pueda expandir la base tributaria para los impuestos a los ingresos y al patrimonio.

“Las reformas deben buscar mejorar la eficiencia y progresividad del sistema. Las prioridades incluyen la simplificación del código tributario, la mejora de la coordinación de la política tributaria con los gobiernos subnacionales, la expansión de la base imponible (incluso para la renta personal y la propiedad), la relajación de ciertos impuestos distorsionadores según lo permitan las consideraciones de espacio fiscal. Estos deben ir acompañados de medidas para fortalecer el cumplimiento tributario”, fue la conclusión del FMI.