El Gobierno eliminó la norma que obligaba a organismos y empresas estatales a volar por Aerolíneas Argentinas
La medida anterior exigía que todas las jurisdicciones del sector público contrataran vuelos exclusivamente a través de la agencia mayorista de la línea de bandera.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, oficializó la derogación de la norma que obligaba a organismos y empresas estatales a contratar a Aerolíneas Argentinas para sus traslados aéreos. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial.
La iniciativa responde a la política de desregulación económica impulsada por el Gobierno, que busca eliminar beneficios exclusivos otorgados a empresas estatales en contrataciones públicas.
La normativa ahora derogada obligaba a las dependencias del Estado a contratar exclusivamente a Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para traslados aéreos de funcionarios y empleados, con excepciones puntuales.
Este esquema, establecido por el Decreto 1191/2012, ya había sido suprimido previamente este año a través del Decreto 747/2024, en el marco de la declaración de emergencia económica y la reestructuración de regulaciones vigentes.
El artículo 50 del Decreto 70/2023 eliminó cualquier ventaja para las empresas estatales en contrataciones con el sector público. “Esto es parte de una estrategia para garantizar transparencia y fomentar la competitividad”, detalla la medida publicada.
La eliminación de la obligatoriedad de contratación con empresas en las que el Estado sea accionista directo o mayoritario abre el mercado a proveedores del sector privado. El gobierno asegura que esta decisión responde a un nuevo paradigma de libertad económica, buscando eficiencia y pluralidad en las ofertas recibidas.
La medida entrará en vigencia a partir de este martes, afectando a todas las dependencias nacionales comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156. Con esta disposición, las instituciones podrán evaluar nuevas alternativas para cubrir sus necesidades operativas, priorizando criterios de precio y calidad.
Para el Ejecutivo, esta decisión marca un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y sus empresas, con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones en el mercado.
