La Justicia elevará a juicio a Eduardo Belliboni
La UIF pidió que también se lo acuse por lavado de dinero.
El juez federal Sebastián Casanello se prepara para elevar a juicio oral a Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional y amenazas y extorsiones a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
Según pudo saber TN, el magistrado dio por cerrada la etapa de investigación en cuanto a la maniobra de defraudación y extorsión y le corrió vista a las querellas y la fiscalía para que emitan su opinión al respecto. La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que se eleve a juicio a Belliboni por el delito de administración fraudulenta pero también por lavado de dinero, al entender que la imprenta Rumbos se utilizó para intentar “blanquear” fondos de origen ilícito.
El juzgado de Casanello consideró acreditado que la Asociación Civil Polo Obrero y El Resplandor Limitado desviaron parte de los $361.087.500 que recibieron como unidades de gestión del Potenciar Trabajo a un grupo de empresas que hacían facturas truchas para simular gastos inexistentes y utilizar ese dinero con fines partidarios como financiar la campaña del Partido Obrero.
“Las facturas se usaban para simular gastos y para recepcionar fondos públicos, lo que constituyó un mecanismo de blanqueo que buscaba ocultar al verdadero destinatario y beneficiario de los fondos, que era el Polo Obrero”, señaló la UIF en su escrito al juzgado.
La Unidad de Información Financiera (UIF) consideró que Belliboni; Mario Alejandro Centanni; Elizabeth del Carmen Palma; María Isolda Dotti; Iván Ortiz, Erika Tamara Lubenfeld, Ezequiel Adrián Coego y Roberto Adrián Albornoz participaron y tuvieron responsabilidad en la maniobra de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y lavado de dinero. Ahora el juzgado de Casanello deberá definir si incorpora esa calificación en el pedido de elevación a juicio.
Se espera que entre finales de esta semana y los primeros días de la próxima, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita y la Oficina Anticorrupción (OA) también respondan si consideran que se debe elevar a juicio el caso. Una vez que esto ocurra el fiscal correrá vista a las defensas, que fijarán su posición. Luego sí estará en condiciones de elevar el caso a juicio, lo que se espera ocurra a finales de diciembre o eventualmente en febrero de 2025. La Cámara Federal confirmó semanas atrás el procesamiento contra Belliboni e incluso agravó la acusación en cuanto a las amenazas y extorsiones a beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Para llevar adelante la maniobra de defraudación el Polo Obrero y el Resplandor Limitado usaron facturas que fueron emitidas por diversas empresas. Los montos fueron los siguientes:
-Contex: $5.144.418
-Ediciones e Impresiones: $31.000.000.
-Miniso Trade: $3.060.003
-Urban Graphics: $5.180.019
-Ricoprint SRL: $2.769.378
-Carlos Osvaldo Monfrini $1.220.450 y otra por $253.006.
Para la UIF que algunas de estas empresas después de haber cobrado el dinero del Polo Obrero hayan endosado cheques a Rumbos constituye una maniobra de lavado de dinero. “La empresa Edificiones e Impresiones Rumbos constituyó un mecanismo de lavado de dinero”, sentenciaron las autoridades del organismo que conduce Ignacio Martín Yacobucci.
Y agregaron: “El lavado exige que el dinero obtenido de manera ilícita aparezca como lícito. En este caso esa estrategia de ocultamiento es la intervención de Rumbos como receptora de los fondos espurios contra la emisión de facturas”.
A lo largo de la investigación la Justicia comprobó que Coxtex era una empresa apócrifa, que no tenía sede social ni comercial. Tampoco siquiera cuenta con historial vinculado a la compra o venta de computadoras, que es lo que el Polo Obrero dice haberles adquirido. El cerebro detrás de esta firma es Leandro Kebleris que junto con otro grupo de personas se dedica a crear firmas apócrifas.
