Axel Kicillof y su objetivo de destrabar la ley impositiva

La peor parte de la tormenta parece haber quedado atrás. La reunión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con los intendentes de Juntos por el Cambio sirvió para bajar la tensión que se había generado luego de que se cayera el tratamiento de la ley impositiva. Fue un gesto conciliador en medio de diálogos informales para tratar de acercar posiciones y lograr avanzar en el tratamiento del proyecto que prevé la suba de impuestos en la provincia.

La reunión del último jueves se había armado antes del conflicto por la ley, pero quedó empapada de los desencuentros entre el oficialismo y la oposición. Entonces le terminó sirviendo a Kicillof para mostrar que pretende dialogar y que existe buena predisposición para tratar con el rival político, en un momento de negociaciones determinantes para las cuentas bonaerenses.

Por la mañana habrá dos encuentros en paralelo. Por un lado se reunirán la presidenta del Senado, Verónica Magario, y el jefe de bloque de Juntos por el Cambio en esa cámara, Roberto Costa. En otra oficina se verán las caras el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin y el jefe del bloque opositor, Maximiliano Abad.

Por la tarde está planteado un cónclave ampliado para poner sobre la mesa todas las diferencias y versiones, y, finalmente, llegar a un acuerdo. La reunión vespertina depende del avance que tengan las negociaciones mano a mano en el comienzo del día. Al encuentro, por el lado del gobierno bonaerense, está previsto que asistan el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Economía, Pablo López, Magario y Otermin.

La representación de Juntos por el Cambio en la mesa sería más amplia. Estarían presentes los dos jefes de bloque en la Legislatura: Costa y Abad; y un representante por cada sector interno de la coalición. Esa lista incluye al intendente de Lanús, Néstor Grindetti -uno de los principales interlocutores en la negociación y hombre de peso en el conurbano-, el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, en representación del PJ y el interior; Andrés De Leo por la Coalición Cívica y Emiliano Reparaz por la UCR.

El punto de conflicto en la negociación sigue siendo el mismo: el aumento del 75% al impuesto inmobiliario rural y urbano. Para la oposición es imposible avalar la ley con ese porcentaje y en el Gobierno están dispuestos a defender ese número hasta el final.

Juntos por el Cambio pide que el porcentaje sea equivalente a la inflación del último año. Es decir, que ronde el 55%. Sin embargo, hay un impuesto que es más “negociable” que el otro. “El aumento del 75% al inmobiliario urbano es inviable. Si no se modifica, no la vamos a aprobar. El impuesto al sector rural se puede discutir”, advirtió uno de los dirigentes que está inmerso en la negociación. Según el gobierno provincial ese 75% solo alcanzaría a 200 productores que son dueños de más de 2000 hectáreas de campo. Es un punto más flexible para acordar.

El oficialismo mantiene su defensa férrea al 75% para ambos sectores y rechaza la posibilidad de que un posible acuerdo se cierre en el 55%. “Queremos llegar a un consenso, pero no es justo que modifiquemos toda la ley. Si no que la hagan ellos. El gobierno de Vidal terminó”, le explicó a Infobae un dirigente de peso en la Legislatura. La solución posible es encontrar una postura común, un camino del medio, para evitar que la ley se vuelva a caer.

Ese camino sería acordar un porcentaje intermedio. Por ejemplo, el 65%. Y lograr que ese número sea la prenda de unidad para que el oficialismo y la oposición converjan detrás de un solo proyecto. “Estamos dispuestos a aceptar modificaciones. Lo que no podemos es quedarnos sin ley. La provincia necesita una ley impositiva. Hay que gobernar”, avisaron desde el kicillofismo. Una señal clara de que al momento de negociar habrá más flexibilidad que una semana atrás, cuando se cayó la sesión.

En La Plata barajan dos opciones posibles con las que quedaría diseñado el escenario legislativo después de esta jornada de negociaciones. Una es lograr una ley de consenso y aprobarla por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura. Es decir, llegar al recinto con un acuerdo previo que posibilite que la ley tenga el acompañamiento de todo el arco político.

La segunda opción, analizada sobre la imposibilidad de acordar un porcentaje en el aumento, es aprobar el proyecto original en la Cámara de Diputados (donde el Frente de Todos tiene mayoría), que Cambiemos haga sus modificaciones en el Senado (donde tiene mayoría la oposición) y esperar que el proyecto vuelva a diputados para aprobarlo definitivamente, pero marcando las diferencias. Esa movida implicaría hacerle pagar el costo político de las modificaciones a Juntos por el Cambio pero, finalmente, tener una ley impositiva. En este caso al gobierno le convendría acordar de antemano un porcentaje menor al 75%, para evitar que la oposición apruebe un proyecto con el 55% que impulsa.

En la negociación también entrarán tres propuestas de la oposición que Kicillof no tendría problemas en convalidar. La baja de los ingresos brutos a los medicamentos, la TV por cable y los servicios de terminales portuarias. Ninguno de los tres puntos es tan fundamental para posibilitar un acuerdo como el aumento del 75%. En la oposición advierten que el inmobiliario urbano alcanzaría a 2.600.000 propietarios y es “inadmisible” poder aprobarlo. Límites que están por encima de la buena predisposición para lograr un consenso.

El gobierno provincial está dispuesto a mostrar vocación de diálogo en las reuniones de hoy. Kicillof quiere avanzar en las negociaciones para garantizarse la ley. Sabe que Juntos por el Cambio tiene la llave del acuerdo por tener la mayoría en la Cámara alta, pero, al mismo tiempo, entiende que si vuelve a fallar el tratamiento del proyecto, el problema recaerá sobre sus espaldas. Necesita una ley impositiva. Y la necesita en el corto plazo.