El Gobierno extendió por 90 días el contrato del concesionario actual de la Hidrovía

El gobierno dispuso la continuidad del actual contrato de concesión para la Hidrovía por un plazo de 90 días, a través de un decreto que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial. El plazo actual de esa concesión vencerá el próximo viernes 30 de abril. La decisión llevará la firma del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien interinamente se encuentra “a cargo de la firma del despacho” de la cartera de Transporte, que es la encargada del tema y está vacante desde el trágico fallecimiento de Mario Meoni.

Por las aguas de la Hidrovía circula el 90% de las exportaciones agroindustriales del país por lo que es el canal principal de salida para el complejo agroexportador más importante de América del Sur. Desde hace 25 años, el manejo de la Hidrovía está en manos de la empresa belga Jan de Nul y de su socia local, Emepa.

Según el texto del decreto, al que accedió Infobae, el Poder Ejecutivo dispuso en favor del actual concesionario “la continuidad del Contrato de Concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación, y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal aprobado por el Decreto Nº 253/95 con sus actos modificatorios y complementarios, desde la terminación del plazo contractual y por el término de 90 días”.

No obstante esta decisión, el decreto aclara que la extensión dispuesta “se efectuará con carácter precario y podrá ser revocada, en cualquier momento sin que se genere derecho subjetivo, derecho en expectativa o precedente invocable alguno a favor del operador ni reconocimiento de suma alguna por la eventual revocación anticipada al plazo previsto”.

Agregó además que durante el plazo en que se extienda esta situación, “el operador deberá prestar el servicio y demás obligaciones de conformidad con los términos constitutivos del Contrato de Concesión, (…) incluyendo el mantenimiento de la vigencia de las garantías correspondientes y las tarifas vigentes”.

“El servicio involucrado deberá prestarse en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad y obligatoriedad, bajo el control y fiscalización de la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la secretaría de Gestión de Transporte”, especificó el decreto.

En sus considerandos, el texto puntualizó que las vías navegables en cuestión “constituyen la opción de transporte más relevante de nuestra producción agrícola, tanto de graneles sólidos como líquidos; por ella circula más del 90% de la mercadería transportada en contenedores; la carga de nuestra industria automotriz; de la industria metalúrgica, en particular su producción siderúrgica; la gran mayoría del transporte de pasajeros en la modalidad de cruceros; un gran porcentaje de las operaciones de cabotaje y transbordo de cargas”.

También representa “una de las vías centrales de transporte de gas natural, petróleo crudo y productos refinados, revistiendo una importancia vital para el abastecimiento energético de nuestro país.”

Dada esa relevancia, en el decreto se consideró que “resulta necesario garantizar la continuidad y regularidad de la prestación de los servicios en cuestión y asegurar condiciones adecuadas para la sustanciación del procedimiento de selección de contratistas”.

Asimismo, se aclaró que la prórroga se dispone “ante la insuficiencia de los recursos del Estado Nacional para asumir la ejecución por sí de los trabajos de dragado, balizamiento y operación requeridos”.