¿Cómo sigue la presencialidad en las escuelas porteñas?
El fallo del máximo tribunal hizo hincapié en la necesidad de garantizar el cumplimiento de protocolos.
La Corte Suprema de Justicia falló este martes a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la continuidad de las clases presenciales, pero lo hizo con una fuerte advertencia sobre el cumplimiento de los protocolos. Los jueces expresaron que el derecho fundamental a la Educación no puede imponerse a otro: el derecho al acceso a la Salud.
De esta manera, el máximo tribunal le exigió al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que garantice los controles y las medidas preventivas en el contexto de la pandemia de coronavirus. La preocupación de todos los sectores también está ligada a la llegada de la época más fría del año, con los retrasos registrados en la campaña de vacunación.
En tanto, fuentes del gobierno porteño indicaron a TN.com.ar que no habrá cambios en las modalidad de dictado de clases actual, un esquema mixto que combina presencialidad con virtualidad. También destacaron que, en la actualidad, 1200 “concientizadores” concurren cada día a las puertas de las escuelas para comunicar las medidas de prevención.
Burbujas y análisis de PCR a maestros son otras de las medidas que mantienen a raya los contagios en las aulas porteñas.
Este martes a las 16, el Consejo Federal de Educación volverá a reunirse. Se tratará del primer encuentro entre el Ministro Nicolás Trotta y su par de Ciudad, Soledad Acuña desde el inicio de la contienda judicial por la presencialidad. El funcionario nacional había remarcado que no entablaría conversaciones con Acuña hasta tanto esté el fallo de la Corte.
“El Estado no tiene facultades para limitar el ejercicio del derecho a la educación de una persona, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros (art. 19 Constitución Nacional), siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación de calidad”, fue uno de los requisitos constitucionales que fijó el máximo tribunal para dictaminar a favor de la Ciudad.
