La Justicia federal frenó el decreto del Gobierno que disolvía Vialidad Nacional

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns, dictó una medida cautelar que suspende por seis meses el decreto con el que el Gobierno dispuso el cierre de Vialidad.

El fallo, al que tuvo acceso TN, ordenó al gobierno abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto 461/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad.

La jueza remarcó que Vialidad “es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones del decreto ley 505/1958″, y que la relación laboral del personal se rige por la Ley de Contrato de Trabajo.

Además, “la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”.

Por lo tanto, el decreto emitido por el gobierno “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”, aseguró Forns.

La jueza tuvo en cuenta también la posible vulneración de derechos de naturaleza alimentaria, derivados de eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales.

“En esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permite justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, concluyó la titular del juzgado.

La demanda fue presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que aseguró que entre los alcances de las facultades delegadas otorgadas al gobierno no se encontraba la potestad de avanzar con el cierre del organismo.

Se trata del Decreto 480/2025, que establece la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

Según el texto publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el objetivo es centralizar competencias, reducir estructuras y redefinir responsabilidades, bajo la órbita del Ministerio de Economía.