CFK y los condenados por Vialidad no pagaron $648.000 millones
Los culpables de montar un esquema de desvío de fondos con la obra pública en Santa Cruz tenían tiempo hasta las 9.30
Ni Cristina Kirchner ni los demás condenados en la causa Vialidad pagaron los $648.000 millones y, a las 9.30 de hoy, se venció el plazo que les había impuesto el Tribunal Oral Federal 2 para que restituyeran los fondos al Estado.
Antes de que se lleve adelante el decomiso, el Tribunal deberá responder si hace lugar al reclamo de la expresidenta acerca de la suspensión de la ejecución y explicar cómo se actualizó y cómo se llegó a este número final. Luego será la Cámara de Casación la que finalmente defina.
La exmandataria aseguró que todos sus bienes se adquirieron de manera legal y que el cálculo que realizó la Justicia fue incorrecto.
Si Casación no hace lugar al pedido, Cristina tiene una instancia más de reclamo y así poder dilatar más el pago: la Corte Suprema de Justicia.
Este martes, la presidenta del PJ presentó un documento a través de su abogado, Carlos Beraldi, en donde sostiene que la cifra “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Y amplió: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.
Ante esta situación, la exmandataria, que cumple prisión domiciliaria en su casa de Constitución, insistió: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende, sean decomisables”.
Además, dijo que su evolución patrimonial “resulta absolutamente legítima”, del mismo modo que “la del resto de la familia Kirchner”. “Esta afirmación no es una elucubración defensista, sino se sustenta en pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada”, aclaró.
En el escrito presentado ante Casación, la defensa centró su argumento en que los peritos utilizaron el método sin justificar por qué eligieron calcular con el índice de precios al consumidor del INDEC y no, por caso, con tasas bancarias. La suma se torna “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, aseveró Carlos Beraldi en su escrito.
