Patricia Bullrich denunciará penalmente a Alberto Fernández y a 19 gobernadores

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto a los diputados nacionales Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, presentará mañana una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por el delito de sedición y traición a la Patria a raíz del anuncio de desobedecer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de los fondos de la coparticipación.

Para una de las referentes de la oposición, “desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional”. Según aseguró en un comunicado, el artículo 230, inciso 2 del Código Penal, es claro al respecto al sostener que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código”.

En tanto, los 19 mandatarios provinciales que apoyaron al Jefe de Estado por no acatar el fallo del Máximo Tribunal también fueron denunciados. Ellos son el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quinquella; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Río Negro, Arabela Carreras; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Salta, Gustavo Saénz.

“Tienen que ir todos presos”, escribió Bullrich desde su cuenta Twitter, donde dio a conocer la denuncia.

El miércoles pasado, en el marco de las actuaciones iniciadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional a fin que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.606, sancionada el día 10 de diciembre de 2020, la Corte Suprema resolvió ordenar que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548. Asimismo dispuso que las transferencias correspondientes a lo dispuesto se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

Además, ordenó al Estado Nacional que, durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606. reiterando que la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias por cuanto sea cual fuere el resultado del juicio los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria.

Al respecto, el Gobierno aseguró que no acatará el fallo y que recusará a los jueces del Tribunal que resolvieron a favor de la ciudad de Buenos Aires. Esta situación generó que abogados constitucionalistas advirtieran que la decisión de Alberto Fernández es motivo de juicio político.

“Además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”, afirmaron Bullrich, Iglesias y Ajmechet en la denuncia.

Insistieron en el “grave peligro de ruptura del orden institucional” que significa que “las más altas autoridades nacionales y provinciales se pronuncien de manera descomedida y agresiva contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incitando y justificando su desobediencia”.

Recordaron que los artículos 1, 5, 109, 116, 117 y 121 de la Constitución Nacional determinan la división de poderes, los límites del Poder Ejecutivo, el rol del Poder Judicial en la resolución de los conflictos y las limitaciones de la Provincias frente al poder delegado a la Nación, por lo que su desconocimiento pone a los funcionarios involucrados en la situación de atentado contra el orden constitucional prevista en su artículo 36.

“Las manifestaciones y acciones de funcionarios con altas responsabilidades institucionales, como el Presidente de la Nación y gobernadores de provincias, banalizando la división de poderes y anunciando la inaplicabilidad y por ende posible desobediencia al fallo en cuestión, merecen ser investigadas con seriedad”, señalaron.

Los tres denunciantes insistieron en que la sedición quedó configurada “desde el momento el que se dieron a publicidad el comunicado y los comentarios por los que los distintos funcionarios suscriptores del mismo dejaron en claro que además de estar en desacuerdo con el fallo están dispuestos a no cumplir lo que la Corte ordenó, incluso instigando a la desobediencia, cosa que resulta absolutamente inaceptable en un estado de derecho”.

Por último, dijeron que “esos actos deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos”.

Desde Juntos por el Cambio también presentó una denuncia penal en este sentido contra el Presidente fue Elisa Carrió, acusación en la que incluyó también al ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía Sergio Massa.