Máximo Fonrouge: “Si se aprueba la reforma judicial, nadie serio va a querer invertir en la Argentina”

Fonrouge es especialista en Derecho Administrativo, profesor universitario y expositor en foros internacionales en los que se debaten temas relacionados con la actividad de la Justicia.

En diálogo con Infobae explicó los principales cuestionamientos a la iniciativa oficial y, en especial, advirtió sobre la forma en que la falta de seguridad jurídica desalienta las inversiones.

-La reforma judicial ¿es necesaria y es oportuna?

-Que hay que reformar cosas en la Justicia todos estamos de acuerdo. De hecho hay cosas pendientes a tratar, el Gobierno mismo tiene, por ejemplo, como 150 pliegos de jueces y fiscales que los retiró y todavía ni siquiera los volvió a analizar, si es que quiere hacer algo con uno u otro. Es toda gente que concursó, terminó los concursos y ademas se aprobaron las ternas en el Consejo de la Magistratura. En todos los casos esas ternas se aprueban por consenso, o sea que lo votó en su momento también la oposición. Eso es un primer tema. Segundo, en el Congreso también hay un proyecto de reforma del Código Penal, un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que son cosas que son buenas para el funcionamiento de la Justicia en general.

Esta reforma en realidad se refiere concretamente al tema que está relacionado con la Justicia federal penal, que no es precisamente la que más le llega a la gente, salvo en el tema que sí es importante, por ejemplo, estupefacientes o cosas que sí tienen que ver con temas que le puedan interesar a la gente. Pero básicamente esta justicia lleva todas las causas en materia de corrupción, o sea desde esa perspectiva hay que modificarla. Esta justicia de Comodoro Py tiene su mala fama por algunos jueces que, la verdad muchos ya no están, los más renombrados, que le daban mala fama al fuero. Lo curioso es que el mensaje del Poder Ejecutivo precisamente parece decir que todo esto que hace es por jueces, porque hay jueces que -según el Poder Ejecutivo- actuaron mal. Si el problema son los jueces, si la reforma se hace porque son malos, en realidad lo que habría que hacer que funcione bien es el Consejo de la Magistratura, que es quien selecciona y remueve los jueces. Si un juez es malo lo que hay que hacer es tratar de enjuiciarlo y que se vaya, no modificar la ley. Y si modifico la ley, tengo que hacer una ley que no parezca que sea para ocuparse de temas personales. ¿Entonces qué pasa? Hoy el proyecto este básicamente tiene un gran defecto que es que no tiene una base empírica, uno no puede verificar nada. En el mensaje no es que hay un análisis que uno diga: “Bueno ¿por qué van a ser 46 juzgados y no pueden ser 22 o 18?”. Para eso se dice: “¿Cuántas causas entraron? ¿Cuántas causas pueden entrar?”. O si se les va a ampliar la competencia y entonces se justifican que sean más porque se van a mantener, por ejemplo, algunas de las competencias que tenga criminal y correccional de la Capital Federal. Hay temas técnicos para justificar el por qué y que no parezca que solamente hago un aumento de número de juzgados, esa no es una gran reforma.

La oportunidad -como dijo alguien- siempre se va a decir que no es el momento, pero bueno, este momento es particularmente especial, dentro de lo que diríamos la normalidad siempre el momento es discutible, pero este momento en particular creo que a nadie se le escapa que en medio del tema de la pandemia, cuando hay que sesionar de la manera que se sesiona y en un tema de esta importancia -que por otro lado- para hacer una reforma de la justicia tiene que haber normas consensuadas. Las últimas normas que se han dictado durante el gobierno anterior, por ejemplo, la ley de subrogancias o el mismo proceso acusatorio, no salió por dos votos a favor. O sea, las normas que hacen a este tipo de reformas tienen que ser consensuadas porque si no, van a ser reformas de un gobierno y entonces va a venir otro gobierno, que tenga plena mayoría, y va a decir “ahora yo hago la mía”. Si no hay consensos es muy difícil hacer estas cosas, y ahí viene el otro tema, que es que el propio Gobierno dinamita la oportunidad si se quiere, porque genera un ambiente en el cual hay que discutir una reforma donde al mismo tiempo hago este tema del consejo consultivo que va a ingresar en cosas mucho más importantes como son las formas de funcionamiento e integración de la Corte, del Consejo de la Magistratura, de la Procuración, y también con una integración discutible y también embaten contra jueces por los traslados que pretenden que se dé marcha atrás, le meten no se cuántos juicios políticos al fiscal Casal… Creo que no generó un ambiente en el cual se pueda hoy estar en condiciones de arribar a ningún consenso.

-Usted mencionó estos puntos que son la embestida contra Casal, la revisión de los traslados de los jueces… ¿Cuál cree que es el objetivo que esconde esta reforma en este momento? Hay muchas sospechas de que está hecha casi a medida de la vicepresidenta.

-La verdad me parece que ni siquiera es necesario entrar en temas subjetivos cuando los hechos objetivos ya denotan que está mal encarada. ¿Qué quiero decir? Más allá de que uno diga “no, pero esto va a ser por tal o cual cosa”, la forma en que estoy planteando algo hace que, aún pensando bien, pensemos bien, no es para generar ningún ambiente de impunidad como se dice, pero parece ser que todo se hace como para que dé esa sensación. Desde el punto de vista político doy una serie de señales que yo me conduzco a que existan esas suspicacias, no es que la gente sospecha de algo que en apariencia es fantástico. No, la gente sospecha por una serie de situaciones que todas confluyen a lo mismo. O sea, este diría que es el problema básico.

Después, además, se generan situaciones que también conspiran contra la reforma. Por ejemplo, si yo lo que quiero es darles independencia a los jueces lo que tengo que hacer es sí ocuparme de que en algún momento se corrija la ley del Consejo de la Magistratura que en el año 2006 se modificó su composición, donde quedaron desbalanceados los estatementos y hoy tiene primacía el sector político por sobre el sector de abogados y jueces. Justamente en la Constitución del 94 se creó el Consejo de la Magistratura para despolitizar la designación de los jueces. ¿Qué se hizo con la ley 26.080 en su momento? Se volvió a politizar. Entonces nosotros con el Colegio planteamos hace muchos años, y no nosotros solos, también el Colegio Público, la Federación de Colegios de Abogados, muchas entidades plantearon la inconstitucionalidad, pasa que la única que prosperó fue la nuestra con un fallo de la Cámara Contencioso administrativa Federal. Eso está hoy a decisión de la Corte y la verdad que sería un buen momento para que la Corte se expidiese al respecto porque así, por lo menos, sentaría un criterio de cómo debe estar compuesto de manera equilibrada el Consejo. No vaya a ser después que este consejo consultivo proponga una nueva reforma de la integración del Consejo de la Magistratura que no respete las reglas de equilibrio entre los estamentos.

-El consejo consultivo va a tratar, entre otros temas, la composición de la Corte. ¿Cuál es su postura y del Colegio respecto de este tema? ¿Es necesario ampliar la Corte?

-No, no es necesario y además es malo. Es una mala señal. En algún momento me tocó exponer en un foro al que me invitaron en Estados Unidos hace unos cuantos años atrás, y me tocó exponer junto con un jurista venezolano, uno ecuatoriano y uno boliviano. Los tres contaron cómo se habían llevado las cortes por delante ampliando los números. Llevaron las cortes que eran de 5 a 10 o 15 jueces y diluyeron las cortes por cuestiones políticas. En ese momento, recuerdo acabábamos de sacar el fallo contra la democratización de la Justicia y me parecía que acá vivíamos en Suiza después de escucharlos. Dije: “Esto acá no podría pasar que a alguien se le ocurra ampliar el número de miembros de la Corte”. Genera una señal equivocada. Acá en la Argentina no nos damos cuenta de la importancia de la Justicia. No es solamente que la Justicia juzga los delitos de corrupción. El inversor que viene a la Argentina, cuando viene un tipo a enterrar plata en la Argentina le hace dos preguntas al abogado. La primera que le hace es: “Dígame, ¿se pueden repatriar utilidades?”. Es lógico es el primer interés que tiene. La segunda pregunta que le hace siempre es: “Si el gobierno toma una decisión arbitraria, injusta o ilegal, ¿la Justicia responde?”. Si uno genera condiciones por las cuales la respuesta a esta segunda pregunta sea “y, no sé”, no vamos a lograr en la Argentina que venga nadie serio, van a venir como siempre los marginales que vienen a hacer pingües diferencias.

-Usted es especialista en Derecho Administrativo y el proyecto original disponía una unión de los fueros Civil y Comercial Federal y el Contencioso Administrativo Federal, ahora en el dictamen lo sacaron. ¿Cómo ve eso?

-Ese es un tema opinable. Desde el punto de vista material o constitucional no hay objeciones porque, de hecho, los juzgados federales del interior del país son los que se llaman multicompetencias. Llevan los temas penales, contenciosos, civil y comercial…, llevan todos los temas. También es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires la división entre Civil y Comercial Federal y Contencioso ha adquirido una gran dosis de especialidad. Por ejemplo, el Civil y Comercial Federal lleva todos los temas de navegación, aeronáuticos, los temas de inmigración. Yo creo que ahí también lo que primó en la iniciativa original era también una misma visión de que la Justicia Contencioso Administrativa tiene un gran poder y fusionarla con Civil y Comercial Federal se traducía en quitarle un poco de poder. Parece ser que esto no funcionó.

Está dividido, hay jueces que están de acuerdo. No es un tema para hacer un punto de discusión. Lo que sí estaba mal era pretender que en 30 días, como dice el proyecto, ya pudiesen funcionar de esa manera porque requeriría de una adaptación. El Derecho tiene principios comunes para todas las disciplinas pero hay que “aggiornarse” a temas específicos. Por ejemplo, la justicia Civil y Comercial Federal casi el 50 por ciento de los pleitos que ingresan son por amparos de salud. Vuelvo al tema de la evidencia empírica, quizás habría que haber justificado con números qué significaba esto, no solamente que a mí se me ocurra: “Mirá, fusionemos estos fueros”. Otra cosa es si yo hago un estudio. El único fundamento que se dio en el proyecto es algo que tiene que ver con los conflictos de competencia, que es cierto, existieron. Yo trabajé en la Justicia contencioso administrativa pero eran mucho más comunes años atrás porque en un momento, cuando se separan los fueros, porque originalmente no existía el fuero administrativo. Cuando se crea, durante una gran etapa hubo un montón de discusiones de competencia, sigue habiendo alguna pero son mucho menos que las que yo recuerdo había hace 20 o 25 años atrás, que eran muy comunes. Ahora, como ya ha habido mucha jurisprudencia en el medio, ya son mucho menos comunes, entonces ese no era el fundamento principal. Debería haber habido algún tipo de análisis para saber cuántas causas lleva uno, cuántas causas lleva el otro. Acá hay una gran paradoja: yo presento en el mismo momento este proyecto y creo una comisión consultiva ¿Por qué hizo una comisión para haber preparado este proyecto? Yo me tomé el trabajo de escuchar a la mayoría de la gente que fue al plenario a exponer, y hasta los propios, que uno podría decir son más simpatizantes del gobierno actual, gente que inclusive ha militado o milita en Justicia Legítima, criticaron duramente el proyecto. Entonces, ¿por qué al menos no consultaron antes? No se quién preparó este proyecto. El origen de todo este desbarajuste, mi visión, es que se desnaturalizó lo que era el proyecto de Beliz. Ese proyecto tenía otra característica que era fusionar la Justicia criminal y correccional con la federal. Se iban a mantener las competencias, no transferirle todas las competencias a la Ciudad en materia penal sino dejar algunas en la justicia federal. Por ejemplo, todas las causas de corrupción, ya sea de la Ciudad o no, iban a tramitar todas en ese fuero federal. Los temas graves que tengan que ver con delitos complejos como secuestros, bandas criminales, eso se los dejaba entonces hacía un gran fuero federal con un montón de jueces provenientes del fuero criminal y correccional que además tienen muy buena reputación, no tienen la mácula que puede tener la actuación de muchos jueces del fuero federal de Comodoro Py. Que además reitero, afortunadamente para mí, se diezmó en gran parte, los más emblemáticos por así decirlo, caso Canicoba, caso Oyarbide, caso Freiler, caso Ballestero. Hay personas emblemáticas que ya no están más afortunadamente más allá de que hubiese sido bueno que a alguno lo sacasen por un tribunal de enjuiciamiento y no que los dejen renunciar pero bueno, al fin de cuentas se fueron, y eso es bueno. Si permanecen jueces que no son buenos está el remedio del enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, lo que pasa es que con la conformación que tiene actualmente, al prevalecer el sector político al final se transforman las discusiones en políticas, no discusiones en las que los miembros del Consejo examinan con independencia de criterio. Este es un buen juez o es un mal juez, no es que lo salvo porque a este lo apoya el peronismo o a este lo apoya el radicalismo.

-En la marcha del #17A salió mucha gente a la calle y la consigna que sobresalía era el rechazo a la reforma judicial. ¿Cómo analiza usted que la ciudadanía haya percibido rápidamente que existe un peligro cuando se toca a la Justicia?

-Yo creo que eso permeó en la gente en el año 2013 cuando se hizo la famosa democratización de la Justicia. Ahí la gente, el gran público empezó a entender cuáles eran las consecuencias de esto cuando vio que además, por ejemplo, que la corrupción mata como la famosa tragedia de Once. La gente hizo como un clic y dijo “bueno, qué significa para mí que un gobierno genere circunstancias para que la Justicia no sea independiente”, porque de eso se trata. Fíjese que cosa curiosa, acaban de meter en el dictamen la cuestión de la presión mediática y también hay un artículo en el proyecto donde los jueces deberían denunciar las presiones de los otros poderes. Hace una semana atrás el senador Pais hizo manifestaciones contra la jueza del amparo de los jueces Bruglia y Bertuzzi. Si eso no es presionar a la jueza, ¿qué es presionar a la jueza? Y ahora hablan del poder mediático que puede presionar a los jueces y uno de los que más presionan a los jueces son los poderes de turno que salen a hablar en contra de los jueces y el juez no puede salir a defenderse. Es muy fácil cuando a uno no le gusta lo que dice un juez entonces voy y lo pulverizo. Ellos son los primeros que los van a pulverizar mediáticamente, agarran un micrófono y empiezan a despotricar contra un juez porque no les gusta lo que resolvió. Si eso no es presión, ¿qué es presión? ¿Y ahora le echan la culpa a la prensa?