Sancionaron el nuevo Código Procesal de Familia de San Juan

Sobre este asunto y previo a la finalización de la sesión, el titular del Poder Legislativo dijo “quiero agradecer y reconocer el esfuerzo y el compromiso de todas las diputadas y diputados por la sanción de los tres Códigos Procesales. Es un trabajo que empezó hace casi dos años cuando trabajaron los diputados en los anteproyectos, pero es de destacar que cuando llega un proyecto del Poder Judicial, un proyecto de Código, casi que pensamos que debería ser aprobado a libro cerrado, quién puede pensar que requiere un trabajo tan intenso como lo ha llevado y esto demuestra el compromiso y el trabajo que ha llevado esta Cámara, no sólo con el Poder Judicial con quienes se han vinculado a partir de que los proyectos ingresaron, sino también con las demás organizaciones vinculadas como el Colegio de Magistrados, el Foro de Abogados, en definitiva, todas las instituciones que no hacen más que destacar y poner en valor de todas las diputadas y diputados que han tenido que trabajar en las distintas comisiones para que estos Códigos Procesales sean sancionados”.

Por otra parte, el cuerpo parlamentario aprobó tres proyectos de Ley, uno de adquisición de un inmueble ubicado en el departamento Pocito con destino a la ejecución de la Obra: Autopista Ruta Nacional N° 40; otro que propone un Régimen Preventivo y de Control de compraventa y actividades relacionados con los metales no ferrosos; y un tercero referido a la ratificación de un Acta Acuerdo sobre la implementación de segmentación de subsidios de energía eléctrica.

La sesión estuvo conducida por el vicegobernador Roberto Gattoni. Acompañaron los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo y Administrativo, Roberto Iglesias.

Código Procesal de Familia
Tras la presentación de los argumentos por parte de la diputada Fernanda Paredes, la Cámara de Diputados resolvió aprobar el nuevo Código Procesal de Familia, el cual fue readecuado a las normas al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y con las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, empleándose un lenguaje claro e inclusivo. En la ocasión, también hablaron e hicieron sus aportes la diputada Marcela Quiroga y el legislador Edgardo Sancassani.

Durante su alocución la legisladora Paredes recordó “esta ley es una iniciativa de la Corte con facultad constitucional. Este proyecto llega para su consideración, a raíz de un trabajo realizado en una comisión redactora de la cual fuimos parte, una comisión que trabajó arduamente con mucha responsabilidad. Fue integrada por distintos operadores jurídicos lo que permitió una Comisión con diferentes voces, plural, democrática. Esta Comisión estuvo integrada por los tres jueces de Familia a quienes quiero agradecer el compromiso, todo lo que trabajaron, fue coordinada por el doctor Esteban de la Torre. Los tres jueces de Familia pudieron compartir sus experiencias, el día a día, los avatares, las expectativas que tenían con este Código, pero fundamentalmente demostraron el compromiso con el campo de la infancia y las familias. También un agradecimiento para el resto de los integrantes por su trabajo: estuvieron representantes del Ministerio Público, la doctora Daniela Riveros, defensora; el doctor Ernesto Escobar como asesor Letrado; una representante del Foro de Abogados en cabeza de la doctora Ana Sofía Carmona; estuvieron los doctores camaristas de Segunda instancia con su visión como el doctor Roberto Pagés y la doctora María Elena de la Torre y por este Poder Legislativo que fuimos convocados a participar de la redacción que no es poca cosa fuimos en representación las diputadas Marcela Quiroga, Florencia Peñaloza y quien les habla”.

Cabe señalar que la Ley aprobada se encuentra dividida en dos Libros, el primero contiene la Parte General y el segundo la Parte Especial. En la primera, se destaca el desarrollo de los principios procesales que inspiran toda la normativa, como son el de acceso a la Justicia, la tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Se ha dado tratamiento especial a la situación de las personas vulnerables, conforme lo disponen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con especial consideración a los niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad.

En la segunda parte, se regula cada proceso de familia en particular. Además, la normativa prioriza la simplificación y fortalece el rol activo del Juez o la Jueza, en atención al principio de inmediación, al impulso del proceso por audiencias, al contacto directo con las partes y el material del proceso en todas sus etapas. Asimismo, este nuevo Código otorga prioridad al proceso de Violencia Familiar, regulando un trámite acorde a la particular situación que atraviesan los miembros de la familia afectada y evitando la revictimización de las personas involucradas. En materia de capacidad jurídica, son recibidas las disposiciones del Código Civil y Comercial y los lineamientos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para los casos en que se requiera la designación de un apoyo sin necesidad de restringir jurídicamente la capacidad, se contempla que podrá ser solicitado en un proceso voluntario, siendo la provincia de San Juan la primera en legislar, mediante este Código, este particular proceso.

También, regula el control de legalidad de las internaciones involuntarias por razones de salud mental, problemática social que ha tenido especial recepción legislativa en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, y que contiene también a las adicciones. En lo relativo al Sistema de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, y control de legalidad de medidas excepcionales de protección, se siguen los lineamientos fijados por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que tuvo especial acogida en el derecho interno de gobernador con distinguida nuestro país a través de la Ley N° 26.061. En ese marco normativo, el proceso se desarrolla con la tarea coordinada de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, y del Poder Judicial.