¿Un subcomisario distribuía pornografía infantil desde una sede de la Federal?
Fingía ser otro al momento de ejecutar el tráfico. Lo denunció un organismo internacional que interceptó sus envíos.
Cuando la delicada información llegó desde un juzgado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se constató que el supuesto traficante de pornografía infantil era un subcomisario de la Policía Federal, se tomaron varios recaudos, pues al fin esas imágenes y esos videos podían ser parte de una investigación para hacer caer a otros pedófilos. Sin embargo cuando el juez federal Leopoldo Rago Gallo negó haber encomendado una averiguación de ese calibre, su par provincial Martín Heredia Zaldo ordenó caerle encima a ese uniformado.
Ayer en la mañana, el subcomisario Víctor Eduardo Camargo fue detenido en su lugar de trabajo, la sede de la Agencia Regional Federal Cuyo de la Policía Federal, ubicada frente a la Plaza 25 de Mayo, con la fuerte sospecha de que desde su oficina en ese lugar distribuía pornografía infantil.
Había sido un organismo internacional dedicado a la lucha contra la explotación sexual de los menores National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) quien denunció el caso ante la República Argentina una vez detectado la divulgación del contenido por redes sociales, en el mes de agosto pasado. Y como ya tenían identificadas las direcciones electrónicas de las máquinas que se usaban para la distribución, desde Buenos Aires el juez se declaró incompetente y le pasó unos 10 discos con material pornográfico y otros datos al juez Heredia Zaldo.
En San Juan se constató que Camargo usaba un nombre ficticio para el tráfico (Eduardo Pérez) y que podía operar desde la sede policial de su trabajo y también de otros domicilios en Rivadavia y Rawson.
Ayer, efectivos de la Policía provincial realizaron varios allanamientos e incautaron computadoras y otros soportes informáticos que ahora serán analizados para saber si contienen más contenido pornográfico prohibido, indicaron.
Por ahora, al policía le atribuyen la distribución de la pornografía pero no se descarta que esa figura se agrave si acaso se demuestra que tuvo alguna vinculación con la producción de las imágenes.
El delito que le atribuyen se castiga con pena de entre 3 y 6 años de cárcel. Teóricamente es excarcelable (el mínimo lo permite) pero esa situación será evaluada por el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción una vez que analice toda la evidencia junto con la fiscal Ana Lía Larrea, indicaron.
Camargo tendrá también la posibilidad de defenderse, pues hasta que no haya una sentencia condenatoria firme en su contra, es inocente ante la ley.
